La representante del Ministerio Público sostuvo que la libertad de la exjueza es un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. Mientras, la defensa de la acusada calificó de “bastante débiles” los argumentos de la Fiscalía.
La audiencia de control de detención y formalización de la exjueza de la Corte Suprema comenzó con una petición de la defensa: que se suspendiera la detención por problemas de salud de la acusada. Pero el tribunal no accedió a la solicitud.
La destituida exintegrante de la Corte Suprema fue arrestada y será formalizada por cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva.
La abogada querellante María Elena Santibáñez se opuso a la reapertura de la investigación y acusó a la defensa de “dilatar el proceso”. “Todas las diligencias pertinentes y útiles que esclarecen los hechos ya están realizadas”, aseveró.
La exministra de la Corte Suprema además sostuvo que su vínculo con el conservador de bienes raíces, Sergio Yáber, terminó en 2024. Respecto a la crisis del Poder Judicial afirmó que “es un tema multifactorial” y negó contribuir en ella.
Como acusado del parricidio de su madre, Javier Troncoso Chuñil recibió la cautelar más gravosa; para sus hermanos el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, que regirán si la Corte de Valdivia confirma la resolución.
Soto insistió en que la iniciativa fue apoyada por toda la coalición y que pudo ser “mil veces peor” sin la intervención, incluso, del PC. La ley “funciona frente al crimen organizado”, pero frente al orden público “puede mostrar límites”, advirtió.
Mientras Fiscalía habla de nuevos antecedentes, la defensa denuncia vacíos y un incumplimiento de estándares de derechos humanos respecto a la manera en que se ha llevado a cabo el proceso investigativo.
El Presidente además respondió a las críticas dirigidas al Gobierno por aprobar la Ley Naín-Retamal. De acuerdo al Mandatario, aún es muy pronto para establecer que esa legislación haya tenido un efecto en el veredicto.
En una jornada marcada por manifestaciones en el Centro de Justicia y tras más de un año de juicio oral, el Cuarto TOP desestimó la responsabilidad del exuniformado en las lesiones sufridas por el diputado electo durante el estallido social.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas que dejaron al actual diputado electo sin visión. Esto, en noviembre de 2019, al inicio del denominado estallido social.
El exjefe comunal fue hallado culpable de los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos, luego de un juicio oral que recopiló múltiples antecedentes financieros, testimoniales y documentales.
Entre los sentenciados se encuentran el general jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, el capitán Leonardo Osses Sandoval, el mayor Patricio Marín Lazo y el civil informático Alex Schmidt Leay.
La muerte de Dageline Verce St Alvord, niña afrodescendiente chilena de dos años, ocurrida el 18 de julio de 2025 en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, constituye un hecho que trasciende con creces el ámbito de una tragedia individual. El análisis del informe de autopsia N° 06-RAN-AUT-280-25, emitido por el Servicio Médico Legal […]
La primera mujer en encabezar el Poder Judicial comenzó su gestión tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric y asumir oficialmente en el Palacio de Tribunales, en medio de una crisis de confianza y demandas por mejorar el sistema.
