Durante la audiencia, la defensa argumentó que hubo falencias en el nivel central del Gobierno en lo que respecta al caso Convenios.
El académico de la Universidad Diego Portales se mostró partidario de avanzar en una ley penitenciaria a propósito del conflicto que generó la resolución del juez Urrutia, y señaló que ante las críticas del Gobierno sobre el tema “es una opinión”.
La decisión fue adoptada en fallo unánime por la Corte de Apelaciones de Santiago, por “considerar que la investigación no se encuentra agotada al existir diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos”.
Junto con criticar la posición del Gobierno, la agrupación recordó que “la visita carcelaria, ya sea ejercida de manera presencial o por videoconferencia, es un derecho que asiste a toda persona sujeta a privación de libertad”.
La abogada los acusa de haberse “aprovechado” de su confianza, invertir en Factop, e involucrarla en una trama en la que “ha sacado la peor parte”. Villalobos detalló al tribunal que perdió todos sus ahorros en dicha empresa.
Tras las autorizaciones a reos de alta peligrosidad, expertos señalaron que en el debate sobre seguridad debería llamar la atención que “lo razonable, natural o intuitivo de las decisiones fueran siempre hacia el mayor castigo”.
La ministra Vallejo calificó de “una cuestión procedimental” las citaciones a declarar ante Fiscalía del jefe de asesores del Segundo Piso, el exministro Giorgio Jackson y la directora de la Dipres, Javiera Martínez.
Ninguno de los dirigentes de la tienda quiso referirse a los últimos antecedentes revelados por el ex jefe comunal e histórico del partido, quien afirmó esta semana que parte de las platas municipales iba dirigida a encuestas electorales.
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
Adicionalmente se formalizó a seis funcionarios públicos de las comunas de Hijuelas, Bulnes, Portezuelos, Ñiquén y San Ignacio, a quienes se les imputaron delitos de cohecho.
Este martes el Tribunal Oral de Los Ángeles mantuvo la prisión preventiva para Ernesto Llaitul, Esteban Henríquez, Ricardo Delgado y Roberto Villouta. En tanto, sus abogados alistan una nueva estrategia para el segundo juicio.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, el Ministerio Público no se opuso a la determinación del Cuarto Juzgado de Garantía, ya que el ente persecutor y la defensa del exedil llegaron a un acuerdo y el imputado colaboró en su última declaración.
El tribunal de alzada ratificó la resolución de la jueza del 29° Juzgado Civil de Santiago, María Cecilia Morales Lacoste, quien en 2015 buscó anular las sanciones impuestas por la otrora Superintendencia de Valores y Seguros a los involucrados.
Al respecto, la Dipres sostuvo que la Ley de Presupuestos 2024 “no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial”.
El edil Guillermo Yéber no es el único jefe comunal en la mira del Ministerio Público por estos hechos. Antes de él, la máxima autoridad de San Ignacio también fue requerida por la justicia y se mantiene en prisión preventiva.
