Los parlamentarios enviaron una carta al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para manifestarse contra la decisión del juzgado que provocó que los imputados de secuestro, robo y participación en asociación criminal quedaran en libertad.
El Juzgado de Garantía de Rancagua mantuvo la prisión preventiva de Juan Ramón Godoy Muñoz, imputado como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado.
La vocera de Gobierno instó a respetar la decisión del Poder Judicial porque “independientemente de la opinión que se tenga sobre las causas que lleva un o una fiscal, son los tribunales y la justicia los que determinan si es que hay delitos”.
“Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión. Nadie debe recibir un trato preferencial”, declaró la jueza, Paulina Moya, antes de presentar las medidas cautelares que dictó contra el edil.
“Hay un sesgo investigativo por parte de la Fiscalía”, afirmó el defensor del edil, Ramón Sepúlveda, mientras que el abogado del CDE, Daniel Martorell, señaló que “la corrupción no tiene colores políticos”.
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz, detalló los hechos y las imputaciones respecto de los delitos de cohecho, administración desleal, estafa y fraude al fisco por los que se acusa al edil de Recoleta.
El testimonio de la víctima coincide, en parte, con la versión del exfuncionario policial en cuanto a que su intención fue abrazar para detener al adolescente, tal como lo había hecho con otra persona que también provocaba desórdenes en el sector.
El medio radial publicó un reportaje sobre la figura del líder la CAM, Héctor Llaitul, que lo vincula a la actual directora de El Ciudadano, Josefa Barraza. El medio digital respondió a través de una editorial.
De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, ahora la Segunda Sala debe resolver -sin que sea vinculante el informe de la fiscalía- si la justicia militar o la justicia ordinaria tendrá la competencia en el caso.
El Juzgado de Garantía de Iquique extendió las indagaciones en 40 días. Esto, para clarificar el ataque de cuatro funcionarios de la Armada en contra del hombre de 61 años, migrante, en situación de discapacidad y de calle.
Ad portas de su formalización, destacan que el edil “ha innovado en la forma de realizar la política en los gobiernos locales”, a su vez que señalaron que es “imperativo que el sistema legal actúe con la máxima transparencia y justicia”.
En la audiencia, se reveló que ambos planificaron el incendio para asegurar más contrataciones y horas extras en Conaf.
En una declaración pública, la entidad expresó que “condenamos enfáticamente los lamentables sucesos reportados que reflejan conductas individuales, estos no representan a nuestra institución”.
Identificado como Francisco Ignacio Mondaca, el funcionario de la 13° Compañía de Valparaíso, fue detenido por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de esa ciudad.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el receso de la audiencia, donde 12 efectivos de la policía uniformada son imputados como autores de cohecho y otros delitos.
