Esta semana el Tribunal revisará el acuerdo de salidas alternativas de los seis imputados de la investigación. De pactar una solución, el caso se cerraría. Por ello familiares de las víctimas aseguraron que sería un despropósito, por parte de la Justicia, ratificar el acuerdo, evaluando la mala política de reconstrucción que ha tenido el Estado.
El fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, anunció un acuerdo con los imputados en la investigación por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero, con lo cual no habrá juicio oral y los presuntos responsable deberán pagar 235 millones de pesos en total.
