La decisión fue gatillada por la molestia de los estudiantes, quienes aseguran que las soluciones entregadas por el Mineduc no representan una real protección para enfrentar el problema.
Si bien la iniciativa fue aprobada en general por amplia mayoría, se rechazó el artículo 29, que establece sanciones de cárcel y multas a quienes cometan irregularidades durante la gestión del administrador provisional. Desde el Gobierno esperan que el proyecto ingrese al Senado lo antes posible, mientras que en la oposición lo calificaron como “un mal proyecto que va en la línea de la reforma de estatizar la educación”.
Se trata de las figuras del administrador provisional y de cierre, destinadas transitoriamente a intervenir en establecimientos de educación superior y también escolares, facultades que serán asumidas por la futura Superintendencia de Educación. El proyecto será enviado a la comisión de Hacienda, antes que se vote en Sala y sea despachado al Senado.
La figura del administrador provisional es el primer proyecto educacional enviado por el Gobierno, y ha generado diversos cuestionamientos tanto por la celeridad del proceso como por la falta de claridad de su contenido. Las críticas son contrastadas por otros sectores que afirman que la autonomía de los planteles no está en juego, que no se trata de una ley expropiatoria y que se legisla para todos y no solo para la Universidad del Mar.
