La periodista y defensora de los Derechos Humanos fue detenida mientras cubría el retiro de la estatua del General Baquedano en Plaza Italia. Posteriormente, su caso fue sobreseído luego de estar alrededor de 14 horas detenida.
Más de un centenar de policías se hizo presente en los faldeos del cerro Renca para obligar a los ocupantes de un campamento a abandonar el lugar. Vecinos de la comuna habían denunciado la venta ilegal de los terrenos que pertenecen a un privado y al Ministerio de Obras Públicas.
Según testigos, los funcionarios policiales fueron directamente hacia la candidata a la Convención Constituyente.
El ex-subsecretario de Prevención del Delito abordó la crisis de la policía uniformada, que excede a Carabineros y se pregunta por el tipo de institución que necesita el Chile actual. Respecto de la insistencia del Ejecutivo en otorgar más recursos a la institución, Frey recalcó que más bien se necesitaría “establecer una gobernabilidad democrática que permita saber en qué se usan los recursos y cómo se usan”.
La disposición formulada por Contraloría es inédita y equivale a la segunda sanción más alta en Carabineros, solo detrás de la destitución.
El ex fiscal adjunto de Collipulli enfatizó en la responsabilidad que le cabe a estas empresas en la agudización del conflicto en La Araucanía. “Las forestales financian a más de alguna autoridad política y después estas autoridades incluso llaman a los fiscales directamente para pedirles medidas de protección”, relató.
Recordemos que, con videos y material gráfico, dirigentes sociales, la junta de vecinos, abogados de la Defensoría Popular y la Coordinadora 18 de octubre, denunciaron el actuar de los uniformados
La abogada defensora de causas mapuche y candidata a constituyente aseguró que son situaciones respaldadas por información que está en el INDH y que, para ella, se deben a que la policía “en vez de responder al orden público y el bien común, responde a ser los guardias privados de latifundistas y dueños de empresas forestales”.
El máximo tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y “es una temática que no puede ser resuelta” por vía judicial.
“Esto va a traer consecuencias que jamás ha visto la zona” sostuvo el werken de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán.
Para el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el toque de queda es una medida facilista que debiese llamar a la reflexión sobre el costo que tiene en la libertad de las personas. Esta y otras medidas implementadas con la excusa del COVID-19, asegura, refuerzan la estrategia que ha tenido el Gobierno para ampliar el campo de acción de las Fuerzas Armadas.
El 7 de febrero, el joven de 27 años fue encontrado muerto en un calabozo de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Al respecto, el abogado de la familia, Héctor Anabalón, descartó cualquier desvarío en la salud mental de la víctima, que lo pudiese llevar al suicidio.
