Seis personas fueron intoxicadas por la emisión contaminante de las cuatros centrales termoeléctricas de la empresa AES Gener, en el sector de La Greda, comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. El Gobierno, a través de las secretarías regionales de Salud y de Medio Ambiente, dijo que la empresa estadounidense arriesga una multa de cinco millones de dólares. Ya está en curso un sumario administrativo.
La transnacional Endesa dijo ante la Corte Suprema que el proyecto de la central termoeléctrica a carbón “Punta Alcalde”, que pretende llevar a cabo en la comuna de Huasco, es “el mejor y más moderno proyecto térmico en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. A su vez, el Gobierno defendió su autoridad para revertir el rechazo que se dio a este proyecto a nivel regional. Todo lo anterior, en el trasfondo de la primera de dos jornadas de alegados que se realizan en la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se revisan cuatro recursos de protección que enfrentan a comunidades locales versus Endesa y el Gobierno.
Frente a la judicialización de proyectos termoeléctricos, el Ministerio de Energía buscaría reflotar la idea de ordenar el territorio con la finalidad de mapear zonas aptas para la instalación de centrales a carbón, petróleo y petcoke. Expertos cuestionan que los anuncios sean siempre trascendidos de prensa y que se pretenda ordenar el territorio mediante una decisión inconsulta y sin atender a instrumentos jurídicos y políticos ya implementados en países con más desarrollo institucional en materia de protección del ambiente.
El ministerio de Energía apuntó a la termoeléctrica “Laguna Verde”, propiedad de la empresa estadounidense AES-Gener, como la más intensiva en consumo de petróleo diésel, entre las 118 centrales térmicas del Sistema Interconectado Central (SIC). La central está en Valparaíso, y no registra seguimiento de su impacto sobre la salud humana y el ambiente, porque es una termoeléctrica vigente desde 1939.
La huelga de más de 200 trabajadores de la Mina Invierno, en Isla Riesco, estaría siendo “invisibilizada” por los medios de comunicación del duopolio, a juicio de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. La dirigenta explica que la gravedad de esta omisión radica en que no permite un efectivo ejercicio de presión por parte de los trabajadores, quienes exigen mejores condiciones de seguridad y un reajuste laboral.
