El director de Greenpeace en Chile expresó la urgencia por terminar con el sistema productivo basado en la depredación de la naturaleza y avanzar hacia una economía circular superando además el alto impacto de las zonas de sacrificio.
Este nuevo escenario abre una puerta hacia una aceleración de la transición energética justa y cumplir así con el cronograma de cierre de termoeléctricas a carbón de aquí al año 2030.
La corte de Apelaciones de Valparaíso determinó suspender, a través de un fallo, la descarga de carbón en la zona, sin embargo, a un año de la medida, vecinos y autoridades afirman que no se ha cumplido.
La advertencia de Dmitri Peskov no es en vano: buena parte del viejo continente depende del petróleo y del gas que proviene de las casi inagotables reservas rusas. Además, un embargo de Europa occidental al petróleo ruso empeorará gravemente la situación en el mercado energético mundial, algo que “sufriremos todos”, recordó. Por su parte el Secretario General de la ONU alertó al respecto y dijo que intentar sancionar a Rusia buscando reemplazar los combustibles fósiles que ésta vende a Occidente “asegura la destrucción mutua”. El ya difícil panorama energético mundial se agrava con la crisis en Ucrania.
“Tenemos que entender este derrame de petróleo en un contexto de constantes contaminaciones”, señalaron desde Greenpeace, ONG que interpondrá una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente para exigir sanciones concretas contra los responsables del nuevo desastre ambiental que afecta la comuna considerada como zona de sacrificio.
En la Comisión de Minería y Energía el titular Juan Carlos Jobet, se refirió al proyecto ingresado el 13 de octubre por los cinco senadores que integran dicha instancia para terminar no sólo con el carbón sino con toda generación eléctrica de origen fósil que se inyecte al sistema eléctrico.
La decisión del tribunal señala que no se podrá descargar el material en el Puerto de Ventanas para alimentar la termoeléctrica de AES Gener.
La generadora estadounidense se acogió al Estado de Reserva Estratégica (ERE), instrumento recientemente aprobado por el Gobierno que le permitirá mantener sus centrales más pequeñas -que representan tan solo un 1,7% de la generación total de emisiones a carbón en Chile- en ‘hibernación’, mientras reciben una remuneración por parte del Estado. Un ‘traje a la medida’ para las carboneras que es cuestionado desde las organizaciones ambientales y desde el propio sector energético.
Más de 70 personas y organizaciones de Chile y Latinoamérica esperan la renuncia definitiva a la Resolución de Calificación Ambiental e inicio del plan de cierre por parte de Mina Invierno en Isla Riesco, al tiempo que solicitan al Estado de Chile abrir nuevas formas de desarrollo basadas en energías limpias y detener las licitaciones de yacimientos de carbón como parte del plan de descarbonización nacional.
Las cifras son dramáticas: de cuatro varamientos en 2009 a 185 de estos episodios en 2019. El investigador Hernán Ramírez reitera una conclusión que se ha escuchado antes estos últimos años: “un abandono del Estado en la Bahía de Quintero”.
Hace un año, Alemania anunció que abandonará el carbón a más tardar en 2038. Esa fecha podría adelantarse tres años, según el balance que establezcan las autoridades en 2026 y 2029.
El Presidente de la República reconoció que éstos sectores han sido “maltratados por 50 años” y advirtió que muchas de las empresas ubicadas en las zonas de conflicto “no van a ser capaces de cumplir con las normas que fija el Plan de Descontaminación y van a tener que salir”.
