La carta enviada por la secretaria de Estado levantó las alarmas entre las organizaciones que califican la solicitud de la ministra como una situación política impresentable.
El Ejecutivo anunció el envío de una prenormativa que tipificaría nuevas infracciones y establecería sanciones penales por hechos calificados como graves. Abogados del sector y ONGs nos dieron a conocer su parecer sobre el eventual nuevo reglamento.
Esta vez se trata de la empresa Gasmar, la que incumplía una norma pactada en su RCA. Sin embargo, la SMA señaló que los antecedentes que se tienen hasta ahora no permiten imputar cargos de responsabilidad por los episodios de contaminación.
