En el escrito piden desechar la propuesta para la instalación de la minera por poner en peligro la vida natural de la zona, así como su fuente de trabajo y el futuro de las comunidades.
A través de los escaños reservados, candidaturas independientes o con el respaldo de partidos políticos, mujeres y hombres de pueblos originarios buscan un espacio en la Convención Constitucional para que sus demandas históricas por fin sean consideradas por el Estado de Chile.