Para el 30 de agosto a las 13 horas se fechó la sentencia sobre el caso de farmacias coludidas, mediante el cual una de las partes querellantes pide que se anule el acuerdo del Ministerio Público y los ex ejecutivos que los obliga a asistir a clases de ética. Lo que se busca es que los 10 ex gerentes generales, de área y otras jefaturas, sean sometidos a juicio oral.
Esto se relacionaría con las bases de datos que quedan registradas, en especial, con los pacientes que presentan enfermedades crónicas. Desde el Colegio Médico aseguraron que este caso constituyó “un abuso de los derechos del enfermo”.
Los montos se dividirán en dos grupos de afectados: los que tuvieron que pagar más por sus medicamentos y los que se vieron obligados a suspender sus tratamientos por las alzas concertadas. El director del servicio afirmó que las multas aplicadas por la justicia fueron de beneficio fiscal, por lo que ahora se busca indemnizar a los afectados.
