Mientras parlamentarios y organizaciones exigen retirar la iniciativa del Gobierno, aprobada ya por la Cámara de Diputados, el máximo tribunal considera el control de identidad como “inaceptable”. Esto, cuando las demandas por control abusivo y criminalización de la protesta social son temas del examen del Relator de Naciones Unidas del Derecho a Manifestación y Reunión.
