La iniciativa, que se espera votar este miércoles en Sala, avanzó con la polémica “norma de amarre” —con los votos del oficialismo— y críticas de la oposición al financiamiento.
La iniciativa, derivada a segundo trámite, otorgará estabilidad laboral a casi 22 mil docentes que se desempeñan en el sector público y que cumplan ciertos requisitos.
Desde la CUT y la ANEF responden en modo defensivo al ser consultados sobre los desafíos laborales del próximo gobierno. Todo hace presagiar que la agenda previsional será uno de los temas que se llevará la atención del mandatario, no así una mayor extensión de los derechos de los trabajadores.
