Bajo el argumento de que no existen “beneficios sociales” para la comunidad, el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén rechazó una solicitud de participación ciudadana en la evaluación de tres declaraciones de impacto ambiental, correspondientes a nuevas prospecciones mineras en la región.
Mientras la Presidenta sigue respaldando un proceso constituyente que quede en manos de las autoridades, y los ex presidentes entregan fórmulas para una redacción, desde el movimiento social advierten que la movilización de la ciudadanía es la única garantía para avanzar en una Carta Magna.
