La Corte Suprema ordenó un nuevo juicio para el caso por el cual estaba prófugo de la justicia, el comunero mapuche Rodrigo Melinao, quien fue encontrado muerto a balazos en agosto pasado en la comuna de Ercilla.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal -Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry y Carlos Cerda (suplente); además del abogado integrante Jorge Lagos- determinaron que resulta incompatible que se planteen ante tribunales de distinta jerarquía, dos recursos para impugnar una decisión de la SVS.
La empresa Barrick Gold señaló que el fallo de la Corte Suprema que ratifica la paralización de las obras del proyecto Pasca Lama, les permite seguir avanzando en el cumplimiento de las exigencias de Superintendencia del Medio Ambiente. El abogado apuntó a exigir los mayores estándares de calidad para la instalación del proyecto, mientras, otras comunidades apuntaron a la revocación definitiva de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En un fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvieron confirmar la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que suspendió las faenas de Minera Pascua Lama de Minera Nevada estableciendo una serie decondiciones para la reanudación de sus actividades.
Esto debido a la contratación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental del abogado Jorge Bofill para la defensa del organismo en la Corte Suprema, ante el recurso aprobado en la Corte de Apelaciones, que dio la razón a la comunidad sobre la inviabilidad del proyecto Punta Alcalde.
El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia, dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a Hans Niemeyer a la pena de 5 años de presidio, por su responsabilidad, como autoe, del delito de tenencia de artefacto explosivo casero.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
La Corte Suprema reconoció “dejación de funciones” sobre su desempeño durante la dictadura, pero evitó pedir perdón por el masivo rechazo de recursos de amparo en la década de los ‘70 y ’80, con los cuales los familiares de víctimas buscaban saber el paradero de personas ilegal y arbitrariamente detenidas.
Los ministros integrantes del máximo tribunal, en voz del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dieron a conocer una declaración pública refiriéndose al papel que jugó el Poder Judicial durante la dictadura militar y en particular en la defensa de los derechos humanos. “No cabe sino reconocer que esos atropellos efectivamente ocurrieron durante la dictadura, que en parte se debió a la omisión de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a derechos humanos e impedir que siguieran ocurriendo”, señalaron.
Representantes del Poder Judicial reconocieron una “responsabilidad histórica” de la institución y pidieron perdón a las víctimas de la dictadura y sus familiares por haber incurrido en acciones y omisiones impropias de su función, que contribuyeron a la desprotección de los derechos humanos en una época en la que fueron particularmente vulnerados.
La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa del médico Milton Flores Gatica, en contra de la sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, que lo condenó como autor del delito de cultivo de marihuana. En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala […]
El Golpe de Estado de 1973 anuló facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se discute la real independencia que mostró el Poder Judicial. Expertos en el tema establecen que el rechazo a miles de recursos de amparo y la amnistía sobre distintos crímenes evidencian una posición condescendiente de la Corte Suprema con la Junta Militar, un rol que sólo luego de varios años de transición permitió una viabilidad en las acusaciones contra violadores a los derechos humanos.
