El recién creado Ministerio de Seguridad Pública enfrenta un desafío fundamental: la Ley 21.730 ha establecido una institución con atribuciones formales, pero sin los instrumentos efectivos para ejercerlas. Un análisis detallado de la norma revela, a lo menos, dos deficiencias estructurales que comprometen su eficacia: la ausencia de mecanismos vinculantes de conducción estratégica y la […]
