Apenas seis ministros y once senadores se acogieron al reciente proceso de declaración de intereses y patrimonio de las autoridades públicas, lo que dejó nuevamente en evidencia la necesidad de disponer una legislación que exija mayor transparencia e información. Así lo plantean expertos y parlamentarios, respecto del carácter voluntario de la actual normativa que busca evitar conflictos de intereses, así como una mayor regulación en cuanto a las modificaciones del patrimonio durante el ejercicio.
