La organización cuestionó los proyectos ingresados por el Ejecutivo para ampliar la retención de personas con orden de expulsión y sancionar penalmente el traslado de migrantes en situación irregular.
Con esto se busca que la nueva Constitución reconozca el derecho de toda persona a migrar desde y hacia Chile, el pleno respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como los derechos cívicos y políticos a quienes emigran desde Chile al exterior.
