El ministro de Salud encargó a la actual directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, un completo peritaje en las dependencias del instituto, luego de las denuncias de Ingrid Heitmann, ex directora que admitió el hallazgo y destrucción de químicos que a su juicio, “podrían matar a la mitad de Santiago”, amenaza que fue ratificada por el secretario de Gobierno.
Luego que la Corte Suprema decretara su extradición, el ex juez argentino fue detenido en Reñaca, donde mantenía su arresto domiciliario nocturno. La justicia trasandina lo acusa de complicidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas en Mendoza.
Impacto en la opinión pública causaron las declaraciones a una agencia alemana de la ex directora del Instituto de Salud Pública (ISP), Ingrid Heitmann, quien aseguró que la dictadura de Augusto Pinochet disponía de armas químicas suficientes para “matar a la mitad de Santiago”. En la entrevista, la microbióloga asegura haber ordenado incinerar dos cajas llenas de ampollas con toxina botulínica, lo que provocó la molestia de familiares de víctimas de la represión.
Luego de la renuncia a la presidencia del Consejo directivo del Servel, el ex Comandante en Jefe del Ejército insiste en su defensa y reitera que no tenía conocimiento de las circunstancias de la muerte de los padres de Ernesto Lejderman. “Cuando se conoce en Chile el informe Rettig, el ejército lo niega. Yo nunca lo leí. El ejército lo que nos entrega a nosotros fue un error, es un error”, señaló Cheyre. Servel debe trabajar ahora en el mecanismo que utilizará para designar al nuevo presidente del directorio.
El ciudadano argentino, cuyos padres fueron asesinados el año 1973 por fuerzas militares, emplazó al actual director Ejecutivo del Servel a “romper los pactos de silencio” por los crímenes ocurridos en dictadura. “Con respecto de este tema no le puedo aportar más porque no sé más y con respecto a los pactos de silencio que a mí no me consta que existan, llamé formalmente y enfáticamente que quienes tuvieran una palabra, una cosa que aportar, lo aportaran y rindió efecto”, afirmó Cheyre.
Con la necesidad de fortalecer y coordinar el trabajo de los jueces, iniciaron un encuentro todos los ministros en visita que revisan casos de violaciones a los DDHH cometidos entre 1973 y 1990. El presidente de la Corte Suprema convocó a los ministros en visita a una jornada en la que también participaron representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Servicio Médico Legal, todos coincidiendo en que –a 40 años del Golpe- aún “falta verdad” y justicia.
El robo de bebés fue una práctica sistemática de la dictadura argentina. Esta semana, un hijo de miristas chilenos detenidos en Argentina en el marco de la operación Cóndor pudo recuperar su identidad, convirtiéndose en el nieto 109 de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Décadas más tarde y con más de 300 nietos por recuperar, los horrores de las dictaduras en América Latina están vinculados y continúan vigentes.
Athanasiu Laschan fue secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976 cuando tenía cinco meses y medio y fue encontrado en Buenos Aires a la edad de 38 años gracias a la investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El ministro Valderrama aclaró que se fijó en seis el número de oficiales retirados que serían responsables de maversación de caudales públicos por ayudar a Pinochet a abrir estas cuentas en el extranjero, desviando de esta forma fondos públicos. En la investigación se determinó que Pinochet mantenía en sus cuentas 21 millones 320 mil 110 dólares.
En la sala negra del museo, la artista presenta más de cuarenta piezas inspiradas en el caso de Marta Ugarte. La muestra está dedicada a la memoria de los detenidos desaparecidos lanzados al océano en Chile.
El documentalista insistió en sus críticas luego que el canal afirmara que la exhibición parcial de “Nostalgia de la luz” se debió a un error de emisión. “¿Hay que esperar que pase la hora y media que dura la película para corregirlo? Me parece ilógico”, dijo.
Al menos cinco rieles habrían sido encontrados en las costas de Caldera, presumiblemente utilizados para hundir cuerpos de detenidos desaparecidos en el mar durante la dictadura. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, valoró el hecho de “que cada cierto tiempo nos enfrentemos a este cuentagotas de la verdad, que nunca es la verdad total”, responsabilizando a las Fuerzas Armadas y su “pacto de silencio” por la impunidad que protege hasta el día de hoy a los asesinos.
