En el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia se llevó a cabo la primera audiencia del juicio en contra del Estado -representado por el Ministerio de Obras Públicas- y la concesionaria Astaldi -representada por la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla- con la que los vecinos del sector buscan que se establezca que existió un daño humano a raíz de la expropiación por la fuerza llevada a cabo en octubre pasado.
ONG’s, comités sociales y partidos políticos hicieron la solicitud a Sebastián Piñera en medio de la polémica que protagonizan el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria Astaldi, en donde esta última ha acusado graves incumplimientos de las bases de la licitación y solicitado compensaciones por parte del MOP.
El acuerdo fue propiciado por el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia luego de un primer trámite de conciliación de partes, en el que tanto el titular del proyecto como el Ministerio de Obras Públicas accedieron a estudiar soluciones conjuntas para los puntos presentados por ocho familias de San Fabián de Alico que en noviembre pasado fueron violentamente desalojadas.
Vecinos y organizaciones se han puesto en pie de guerra contra el proyecto Embalse La Punilla impulsado por el MOP y concesionado a la empresa Astaldi. Incumplimientos, desalojos y un profundo impacto ambiental han marcado la implementación de una iniciativa que hoy enfrenta a la justicia.
