A casi 28 años del regreso a la democracia, Chile no cuenta con políticas públicas que garanticen el ejercicio de la reflexión y memoria histórica. Esto se evidencia en que de los más de mil centros de tortura y detención utilizados en dictadura, solo cuatro cuentan con recursos públicos y están abiertos a la comunidad, luego de ser recuperados por organizaciones de Derechos Humanos (DDHH).
