La entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales, de los cuales hay uno en funcionamiento y en junio serán dos, podría despejar a la justicia de tener que resolver sobre temas medioambientales, pero su ubicación geográfica podría ser un impedimento para el acceso de muchas comunidades. Expertos coinciden en que, para evitar la judicialización de los procesos, lo principal es la prevención, apuntando a una mayor rigurosidad en la aprobación de proyectos que intervengan en el ecosistema.
