El parlamentario está privado de libertad desde el 3 de enero, en el marco de la investigación por el destino de más de $730 millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía destinó a las fundaciones Folab y Educc.
La acción judicial se enmarca en la investigación por la transferencia de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab. Además, la Fiscalía solicitó el desafuero del parlamentario el 9 de mayo.
