La Fundación Defendamos la Ciudad desmintió a las autoridades que hace unos meses señalaron que la aprobación de los llamados “guetos verticales” se sustentaba en la inexistencia de un Plan Regulador Comunal en Estación Central. Además, advirtieron sobre 75 permisos de edificación que no estarían cumpliendo con la normativa vigente.
No más de diez serían las inmobiliarias que presionan a los políticos para diseñar la ciudad. A juicio de los expertos, la única solución es legislar con transparencia ante la ciudadanía.
Organización denuncia que por indicaciones parlamentarias al proyecto que buscaba terminar con la caducidad de las declaratorias de utilidad pública, lanzado en el gobierno de Sebastián Piñera, se perderán miles de áreas verdes en el país.
Patricio Herman, presidente de la fundación, estimó que los problemas en el norte del país y Valparaíso “no son tan graves” y aseguró que la Alianza está “enojada” porque la ministra derogó un decreto promulgado en los últimos días del gobierno anterior.
La Tercera Sala de la Corte Suprema anuló el permiso para edificar dos torres de departamentos, uno de los tantos proyectos habitacionales que complican a los vecinos del sector y que, según sostienen, genera un importante daño al santuario de la naturaleza que protege el campo dunar y sus zonas colindantes.
La decisión del ministerio de Vivienda y Urbanismo de derogar el Decreto N°1, celebrada por organizaciones ciudadanas, se suma a la permanente preocupación respecto de los planes reguladores y el poder del rubro inmobiliario para imponerse sobre los intereses patrimoniales de los barrios. Tal es el caso de la comuna de Independencia, a propósito de su nueva normativa. Desde el ámbito académico las inquietudes, además, radican en la fuerza que ha adquirido el derecho de propiedad y el tipo de relaciones con que se están construyendo las ciudades.
Vecinos de la Playa Grande de Quintay, situada en las cercanías de Valparaíso, reclaman que el Resort Santa Augusta está destruyendo el estero El Jote y la laguna que formaba variabilidades propias de los humedales ricos en biodiversidad.
Acusaciones por irregularidades en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo han surgido desde diversos sectores, a propósito del cuestionado Decreto N°1 promulgado por dicha cartera. Según los denunciantes, el objetivo es facilitar y promover los proyectos inmobiliarios, así como flexibilizar las normas que los rigen.
Miembros de la comisión asesora encargada de elaborar el documento de Política Nacional de Desarrollo Urbano mostraron sus dudas respecto de cómo el Gobierno usará este trabajo, ya que –aseguran- la existencia de modificaciones mayores dejan el texto, elaborado luego de más de un año de discusión, en un mero plano referencial. Los actores apuntan a que esto sólo beneficiará a los sectores más poderosos del mercado.
Este miércoles la fundación Defendamos la Ciudad, presidida por Patricio Herman, informó sobre la reciente pérdida de áreas verdes en la región metropolitana debido a la caducidad de la declaratoria de utilidad pública de la que son objeto, según lo establece el artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
