En los últimos días, el debate público en Chile se ha centrado en una propuesta gubernamental que, bajo el argumento de “perfeccionar” los procedimientos de expulsión administrativa, busca obligar a hospitales, consultorios, colegios, jardines infantiles y organismos de previsión social a transmitir datos personales de personas en situación migratoria irregular al Servicio Nacional de Migraciones[1]. […]
