El proyecto, presentado originalmente en 2018, estipula una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. La idea fue cobrando fuerza ante el alto valor al que se transa hoy el mineral rojo y la larga crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país debido a la pandemia.
