“Defiende el Mar ¡Aletazo limpio para los políticos!” Bajo esta consigna comenzó a inicios de agosto una peculiar campaña protagonizada por el candidato Delfín, representante de la ONG Greenpeace. En medio de su gira electoral, se ha reunido con comunidades kawéskar y con alcaldes de comunas afectadas por la expansión de la salmonicultura.
El iceberg desprendido tiene una extensión aproximada de 5.800 kilómetros cuadrados y es considerado el más grande hasta ahora registrado.
Desde Greenpeace critican la medida: “Si la idea prospera, sería como las visitas que se hacen a Chernobyl como ejemplo de destrucción del medioambiente”, dijo su director, Matías Asún.
Persecutora Pamela Salgado interrogó este martes al exsubsecretario de Pesca Raúl Súnico, en calidad de imputado.
Organizaciones ecologistas y científicos criticaron la postura que ha tomado el Ejecutivo respecto a la nueva proliferación de algas nocivas detectadas en los mares del sur del país y que eventualmente estaría provocando una masiva mortandad de los peces.
Organizaciones ambientales de Magallanes rechazaron la aprobación del uso de tronaduras para extraer carbón en la “Mina Invierno”, ubicada en Isla Riesco, propiedad del grupo Angelini y Von Appen. La medida permitirá utilizar este mecanismo de extracción durante los próximos quince años para abastecer cerca del 30 por ciento del mineral del país.
Desde la cartera no se han pronunciado respecto de las responsabilidades que tendrían en la gestión de políticas públicas que evitarían un desastre ecológico de tal nivel.
Confech, Confusam y Greenpeace son algunas de las organizaciones que han manifestado su apoyo al rumbo político que ha tomado el movimiento social en Chiloé. A siete días del estallido del conflicto los trabajadores continúan movilizados.
Luego que Chile fuera considerado como el país de la OCDE con menor gasto público en protección medioambiental, el parlamentario PS aseguró que mientras sigan funcionando políticas extractivistas de los recursos naturales en el país, seguirán ocurriendo problemas de contaminación de aguas, falta de fiscalización, deforestación de los bosques, entre otros.
“Hay que pensar con la cabeza y no con los intereses económicos. Finalmente de lo que se trata es de poner reglas claras que eviten la destrucción de glaciares”, indicó el director nacional de Greenpeace en Chile, Matías Asún.
Imágenes captadas en trabajos de la minera Barrick Gold, son parte de un informe de septiembre que muestra el glaciar Esperanza y Guanaco transformado en vertedero de bolsas de basura, tubos de fierro galvanizado y plástico.
En el marco de la discusión de la comisión de Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de protección de glaciares que se encuentra en tramitación, la “Bancada Glaciar”, que presentó la iniciativa el año pasado, se esfuerza por cambiar el articulado que propuso el Ejecutivo a inicios del 2015. En tanto, la próxima semana los parlamentarios debatirán el resguardo de glaciares que no se encuentran al interior de parques protegidos.
En la entrevista de Camila Vallejo, el director de Greenpeace dijo que es necesario mejorar la ley que hoy se discute en el Parlamento. Para él, es necesario proteger a todos los glaciares del país y, también, que el Estado se haga responsable de su cuidado, independiente que se presenten proyectos económicamente rentables que los destruyeran.
El gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para la tramitación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas afirmaron que la iniciativa es ambigua y que abre puertas al abuso empresarial.
Cerca de un millar de personas participaron este sábado de una cicletada convocada por Greenpeace para llamar la atención sobre el impacto medioambiental sobre el Ártico. Ciclistas profesionales y familias, con poleras y caras pintadas, recorrieron calles de Santiago, Temuco y Concepción, sumándose a una manifestación que contemplaba 135 ciudades alrededor del mundo. La manifestación […]
Sin embargo, en conversación con Radio Universidad de Chile la organización ambientalista solicitó a la mandataria especificar cómo se llevará a cabo este proyecto.
Luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) despachara los acuerdos tomados por el Comité de Ministros acerca de las reclamaciones contra la aprobación de Hidroaysén, organizaciones ambientalistas manifestaron su malestar frente a las resoluciones y explicaron su desconfianza ante lo que pueda ocurrir durante el próximo Gobierno.
