El Ejecutivo analiza la posibilidad de cerrar el penal Cordillera, donde permanecen diez militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. El alto costo de mantención y las criticadas condiciones privilegiadas para los reclusos, son parte de los factores que analiza el Gobierno y también analistas, que recalcan en el principio de igualdad ante la ley.