La institución uniformada también niega las imputaciones de violencia sexual señalando que las denuncias se realizaron “sin que existan elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de tales relatos”.
El informe de Human Rights Watch, a diferencia del de Amnistía Internacional, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para expertos, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones.
