La “judicialización” de las acciones u omisiones del Gobierno de turno fue el tema más recurrente que plantearon las candidaturas presidenciales, en las exposiciones realizadas ante el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia. Asuntos como la aplicación de la Ley Antiterrorista sobre la causa mapuche, la masiva presentación de recursos de protección contra las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), los bancos, las multitiendas o proyectos ambientales como la termoeléctrica “Punta Alcalde”, fueron los ejemplos más aludidos en la ocasión.
El Gobierno concedió apenas 48 horas de consulta ciudadana sobre la propuesta de Chile para la Convención Latinoamericana de Medioambiente, que debe presentarse ante el foro de 15 países que negocian este referente. El escaso tiempo concedido a la participación pública motivó la reacción de diversas organizaciones ciudadanas y ambientales, dada la relevancia del documento en cuestión.
Entre los gobiernos presentes en la instancia se cuentan Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile, los cuales están negociando una Convención Internacional sobre ‘democracia ambiental’, para aplicar el Principio 10 de la Convención de Río, y fijar así una base institucional, administrativa y política sobre tres pilares: acceso a información, participación ciudadana y derecho a Justicia en materia medioambiental. El Gobierno chileno preside actualmente el proceso, que se encuentra en fase de negociación técnica. Esta es llevada a cabo por 40 profesionales de los ministerios: de Medioambiente, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, y de la Secretaría General de la Presidencia.
