La acusación constitucional contra el juez fue aprobada por 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Ahora, pasará al Senado, donde se deberá resolver si el ministro de la Corte de Apelaciones es finalmente destituido.
La acusación constitucional presentada por parlamentarios oficialistas responde al malestar generado por la decisión de la Suprema de mantener en su cargo al magistrado, a pesar de sus nexos con la red de tráfico de influencias de Hermosilla.
El abogado aseguró que la investigación ordenada por la Corte Suprema terminaría, “en el peor de los casos, en una sanción administrativa” y lo atribuyó a que este tipo de encuentros no tienen “límites claros”.
