La suspensión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales del proceso de licitación a la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas reinstaló el debate sobre la conservación del patrimonio en Chile. Diversas organizaciones apuntaron a la necesidad de fortalecer rol del Estado, realizando un catastro nacional de los sitios de memoria y estableciendo una glosa presupuestaria para el trabajo que se realiza en estos espacios.
