Los expertos de diversas disciplinas concuerdan en que los cuatro años de reconstrucción por el terremoto y maremoto de 2010 están marcados por el déficit de participación ciudadana en las decisiones sobre viviendas y relocalización de la población afectada y también por el lucro de las empresas inmobiliarias. Académicos y organizaciones civiles estimaron que apenas 40% de los recursos fiscales de la reconstrucción beneficiaron efectivamente a los hogares afectados.
