La parlamentaria por Coquimbo reiteró las críticas a la iniciativa que deberá ser revisada por el comité de ministros. “Tiene impactos negativos de los diversos informes que se han entregado, tanto técnicos y también científicos”, recordó.
La sentencia que obliga al municipio a proveer de 100 litros de agua por habitante tiene una segunda parte que ha sido opacada por la obligación fijada a esa corporación: la Tercera Sala prescribe que el acceso al recurso es un deber transversal del Estado y que éste se inicia en el Ministerio del Interior.
