La Agenda de Transparencia y Probidad se está implementando de manera inorgánica y desintegrada, lo que complica la aplicación de estas nuevas normas a instancias como los partidos políticos. Así se lo hicieron saber organizaciones en esta materia que plantearon sus preocupaciones al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre.
Analistas políticos señalan las pruebas de fuego que deberán superar el nuevo equipo ministerial de Michelle Bachelet son la Agenda Laboral y la Agenda de Probidad, ya que en ellas se verá reflejado si es efectivo el giro hacia el centro y el regreso de las políticas de los acuerdos que las arribos de los ministros Burgos en Interior y Valdés en Hacienda, pueden haberle estampado al gobierno de la Nueva Mayoría.
El posible fraude al Fisco que funcionarios del Ejército habrían cometido y que ascendería a más de 100 millones de pesos, ha generado el debate por la independencia y autonomía real que los tribunales militares tienen para investigar este tipo de casos. Desde la fundación Ciudadano Inteligente piden que sea la justicia civil la que aborde este caso, considerando que los integrantes del Ejército son funcionarios públicos.
Las revelaciones sobre el llamado caso Penta, así como el millonario crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Bachelet, o el mal uso de las asignaciones parlamentarias que se investiga en el caso de los senadores (Ind.) Carlos Bianchi y (PPD) Eugenio Tuma, han abierto el debate sobre las consecuencias a nivel político y social que estos pueden tener a mediano y largo plazo. Analistas proyectan los escenarios que se abren tras estos escándalos.
En medio de los cuestionamientos que ha generado el otorgamiento de un crédito por 6.500 millones de pesos a la empresa de Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet, se ha abierto el debate en torno del rol y atribuciones del cargo de Primera Dama o Primer Marido, que actualmente ejerce Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta. Mientras algunos señalan que esta institución debería eliminarse de la Administración Pública, otros postulan una regulación efectiva de sus funciones para evitar posibles conflictos de intereses.
