El fallo indemnizatorio dado a conocer ayer por la Corte Suprema abre la posibilidad a que otras causas relacionadas con el maremoto de 2010 determinen responsabilidades directas del Estado en las muertes ocurridas la madrugada del 27 de febrero. Esto, porque la justicia determinó que el Fisco debía pagar 55 millones de pesos a la familia de Mario Ovando Garcés.
