Un equipo con kinesiólogo, nutricionista, médico general, psicólogo, asistente social y tres paramédicos son parte de la asistencia que reciben los diez internos del Penal Cordillera. Diez militares condenados por delitos de lesa humanidad, distribuidos en cinco cabañas, con servicios básicos y acceso a telefonía, áreas verdes y cancha de tenis. Este es el último informe emitido desde el Poder Judicial, en paralelo al análisis de La Moneda por cerrar Cordillera y trasladar estos presos al penal Punta Peuco.
El Ejecutivo analiza la posibilidad de cerrar el penal Cordillera, donde permanecen diez militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. El alto costo de mantención y las criticadas condiciones privilegiadas para los reclusos, son parte de los factores que analiza el Gobierno y también analistas, que recalcan en el principio de igualdad ante la ley.
