A propósito de los juicios abreviados en casos de financiamiento irregular de la política, académicos y expertos en derecho penal apuntaron directamente al fondo del conflicto: un sistema construido desde su origen de manera inequitativa concebido para discriminar entre ricos o pobres.
El proyecto de ley con el que el Gobierno busca agravar las penas para crímenes que impliquen gran repercusión social, fue criticado tanto por la Corte Suprema, que envió un informe a la Cámara explicando por qué considera “objetable” la iniciativa, hasta abogados penalistas que consideran que se produce un desbalance en las sentencias de determinados delitos, y que se estaría haciendo un uso político del derecho penal.
