La Primera Sala del tribunal de alzada consideró que los antecedentes son insuficientes para justificar el delito. “No revelan el proceder con fuerza ni tampoco permiten advertir algún grado de intimidación atribuible a la autoridad”, indicaron.
Miguel Vargas lamentó que no tomasen en consideración los argumentos de autoridades y trabajadores de la región para evitar el cierre anticipado de la planta, lo que va en contra de “la bandera de descentralización” del programa del Presidente Boric.
