La Contraloría señaló que “los servidores y autoridades de los órganos de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, están impedidos de realizar cualquier actividad de carácter político utilizando bienes públicos”.
Además de confirmar que los permisos estaban vencidos, se ha oficiado la realización de un sumario para determinar las responsabilidades que puedan tener tanto la seremi de Vivienda, como a la Dirección de obras Municipales de Viña del Mar.
