El diputado de la DC Gabriel Silber, uno de los primeros querellantes cuando se destapó el escándalo por la colusión de las farmacias reconoció que los acusados no van a ir a la cárcel y que las penas para los delitos de “cuello y corbata” son muy bajas. En tanto, desde los consumidores se enfatizó la importancia de la demanda civil que busca la devolución de los dineros a los miles de afectados con cargo al patrimonio de las cadenas farmacéuticas por 27 mil millones de pesos.
