El “asado de camaradería” que adherentes al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff pretenden realizar este miércoles en el Penal Cordillera no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado. Esta actividad se presenta en el contexto en el que el Presidente Sebastián Piñera evalúa el cierre del penal Cordillera y el traslado de los diez condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco.
El Ejecutivo analiza la posibilidad de cerrar el penal Cordillera, donde permanecen diez militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. El alto costo de mantención y las criticadas condiciones privilegiadas para los reclusos, son parte de los factores que analiza el Gobierno y también analistas, que recalcan en el principio de igualdad ante la ley.
Parlamentarios y organizaciones de Derechos Humanos valoraron que el mandatario estudie la posibilidad de cerrar recintos penales especiales, pero llamaron a concretar lo que hasta el momento es una declaración de intenciones.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
