La secretaria de Estado aseguró que las personas que tienen antecedentes penales y reciben pensiones de gracia son 69. “La enorme mayoría no tiene ninguno”, agregó.
El subsecretario del Interior aseguró que se cumplirá con la disposición establecida en la Ley de Presupuestos, independiente del lugar del país en que haya ocurrido las vulneraciones a los derechos humanos de los afectados.
