Los peritos forenses determinaron que varias de las víctimas cayeron producto de disparos de bala que aún mantenían en sus cuerpos, mientras que otros fueron atravesados por los proyectiles.
La acusación es en contra de Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas que dejan 40 muertos en un mes. A ella sumó a otras autoridades del Ejecutivo.
Congresistas del departamento de Puno emitieron un comunicado conjunto para exigir la renuncia de la Presidenta peruana después de los enfrentamientos registrados en la zona durante el fin de semana en la región.
