La lucha contra la corrupción, como una respuesta a la crisis política que está viviendo el país, no sólo debe ser realizada a través de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial que este martes fue presentada por la Presidenta Bachelet, señalaron analistas. También debe venir acompañada de una serie de normas que haga efectivo el castigo frente a las irregularidades que se han destapado en los últimos meses. En este sentido, fortalecer el Servel como ente fiscalizador es una de las más importantes.
El abogado Raúl Urrutia causó un revuelo durante 2012 cuando renunció a la rectoría de la Universidad del Mar. En una carta aseguraba que “los actuales controladores no tenían interés alguno en el quehacer universitario”. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Urrutia advierte sobre “la desidia absoluta del Estado en cumplir su rol fiscalizador, regulador y de control” en el caso de la Universidad de Mar y en otras instituciones.
Apenas seis ministros y once senadores se acogieron al reciente proceso de declaración de intereses y patrimonio de las autoridades públicas, lo que dejó nuevamente en evidencia la necesidad de disponer una legislación que exija mayor transparencia e información. Así lo plantean expertos y parlamentarios, respecto del carácter voluntario de la actual normativa que busca evitar conflictos de intereses, así como una mayor regulación en cuanto a las modificaciones del patrimonio durante el ejercicio.
La discusión por el rol de las universidades y su financiamiento ha reflotado las diferencias que existen entre los planteles públicos y estatales y aquellos privados de carácter tradicional, todos ellos integrantes del Cruch. Sin embargo, son los propios rectores quienes aclaran las desavenencias y aseguran que se trata de una situación natural, donde lo esencial debe ser el trabajo en función de la reforma educacional que propone el programa del actual Gobierno.
