Si bien en cada región de Chile existe al menos un centro para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, las mujeres deben enfrentar numerosas dificultades para ser informadas de sus derechos. La falta de conocimientos en la materia por parte del mismo personal médico y la objeción de conciencia son dos grandes vallas a superar en la implementación de esta política pública próxima a cumplir cuatro años.
