La relatora de la CIDH denunció ante la OEA la existencia de “terrorismo de Estado” “antes, durante y después” de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.
Trabajadores de la petrolera PDVSA, del canal de televisión VTV o de la compañía eléctrica Corpoelec han sido obligados a dimitir por no apoyar al actual presidente, cuya reelección es cuestionada por la oposición y la comunidad internacional.
