La apertura de fronteras para la exportación de residuos peligrosos y eventual derogación del Decreto Supremo Nº 2 del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos más señalados tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.
