El Octavo Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional y firma mensual para doce de los trece formalizados, solo Edgard Pinto, vinculado al Grupo Cruzat, quedo con la cautelar de arresto domiciliario total. En tanto, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal en contra de ocho de los imputados.
Según consta en un documento, antes de abandonar su cargo, Michel Jorratt habría redactado una denuncia contra Salar SQM y sus representantes legales. Así como contra 14 naturales y algunas personas jurídicas por tratar de reducir indebidamente sus recaudaciones tributarias.