Daniela Quintanilla aseguró haber realizado una cuidadosa revisión del paso a paso en estas asignaciones y garantizó que no se incurrió en faltas administrativas. “Hemos sido bien serios y responsables en la forma de gestionar este desafío”, dijo.
El exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete, afirmó que “se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis”.
Organizaciones de Derechos Humanos rechazan la baja del prefecto Sandro Gaete de la PDI, institución que determinó la medida por razones de salud. Acusan una persecución contra el investigador, a partir de este Gobierno, a raíz de los logros de sus tramitaciones en casos por crímenes de lesa humanidad.
