La justicia de la nación-continente rechazó una solicitud para desclasificar los documentos secretos relacionados con la participación del gobierno de Canberra en los preparativos para el golpe cívico-militar que derrocó al presidente constitucional chileno Salvador Allende en septiembre de 1973, según confirmó a la agencia española de noticias Efe el demandante, un ex oficial de inteligencia militar australiano llamado Clinton Fernandes.
La activista y sobreviviente de violaciones de los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura, criticó la defensa al secreto impuesto para los testimonios de la Comisión Valech. “Ricardo Lagos miente descaradamente”, señaló la dirigenta.
La instancia indicó que la determinación ha mantenido el pacto de silencio de las instituciones castrenses y la impunidad en materia de violaciones a los derechos fundamentales cometidos durante la dictadura.
La tercera sala del tribunal revocó la entrega de los antecedentes al abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, acogiendo como argumento la posibilidad de que el conocimiento público de los datos pondría en riesgo la seguridad de quienes integraron los aparatos represores de la dictadura.
La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.
El director de Punto Final, quien durante la dictadura fuera preso político, advirtió que al momento de prestar su declaración, nadie le informó que su relato no sería público. Hoy hace un llamado a las autoridades para exigirles que la verdad contenida en esos registros “sea reconocida por el Estado como parte de la historia de Chile”.
Por más que en el debate se consigna que se desclasificaría la información entregada por víctimas de tortura, la iniciativa es criticada por organizaciones de derechos humanos por limitar los testimonios tan sólo a Tribunales. Acusan que la verdad sobre estos casos, como los nombres de los torturadores, no verá la luz pública.
A pesar de que las autoridades han manifestado que el llamado Informe Valech tiene una cláusula de secreto de 50 años sobre las identidades de los testimonios allí codificados, un grupo de ex presos políticos asegura haber dado con un resquicio legal que permitiría develar la información que contiene el reporte.
